Dos discursos sobre la Gobernanza de Internet, y una mirada desde las relaciones internacionales

En los últimos años se han hecho evidentes dos posiciones diferentes sobre cuáles son los principales desafíos para la Gobernanza de Internet (GI). En primer lugar, Milton Mueller sostiene, en su libro Will the Internet Fragment?¹, que la GI es un debate 

entre quienes favorecen una mayor alineación entre los estados territoriales y las unidades administrativas de Internet, por un lado, y quienes favorecen un régimen que delegue más autoridad a las transacciones voluntarias entre los usuarios y proveedores de servicios de Internet, por otro.

A partir de esta premisa, el autor pasa a describir los problemas y dificultades que supone el alineamiento entre Estados decididos a aumentar su esfera de influencia sobre los asuntos de Internet y del ciberespacio. Desde esta mirada, el Estado entorpece el libre flujo de contenidos, ideas y beneficios que tanto los oferentes como los demandantes podrían obtener. Así, tanto las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), usuarios, y empresas deberían hacer frente a las restricciones y sanciones que los actores gubernamentales pueden injustamente, a su criterio, imponerles. Claro está que este modelo, para quienes lo defienden, debe llevarse a cabo de manera inclusiva y colaborativa entre un amplio abanico de partes interesadas. No obstante, si bien difícilmente podría argumentarse que la sociedad civil no tiene derecho a hacer respetar sus preferencias, Mueller deja fuera de su análisis a la llamada “consolidación en la economía de Internet”².

En segundo lugar, entonces, están quienes consideran esta consolidación y existencia de monopolios como un problema central para la GI³, e incluso para la sociedad en su conjunto, tal como lo explica Tim Wu en su libro The Curse of Bigness. Este problema se explicita en diversos informes y datos estadísticos, pero cotidianamente la podemos notar al momento de acceder a internet: por más que elijamos conectarnos mediante una computadora Lenovo, una tablet Samsung o un celular Nokia, siempre (más del noventa por ciento de los casos) lo hacemos a través de los sistemas operativos de tres grandes compañías estadounidenses –Apple, Google y Microsoft. Esta consolidación se presenta también en las tiendas de aplicaciones, en las redes sociales, en las tiendas de comercio electrónico, y en los servicios de computación en la nube, por mencionar algunos. Al igual que la alineación entre Estados estudiada por Mueller, este fenómeno tiene consecuencias para los usuarios de Internet, para los Estados, y para las empresas que no se encuentran en esa posición de dominio. Las consecuencias de la consolidación en la economía de Internet varían entre el freno a la innovación por parte de nuevos competidores, el aumento de precios en bienes y servicios digitales, y la pérdida de poder relativo de la esfera pública frente a la privada –resultando en menor capacidad de influencia para los ciudadanos.

Tanto Milton Mueller como Tim Wu estudian problemáticas que son claves para la GI: respectivamente, el alineamiento entre Estados para promover su influencia e intereses sobre las normas, flujos y procedimientos en el ciberespacio; y la existencia de monopolios y oligopolios en el ciberespacio. Sin embargo, estos autores no llevan a cabo un análisis que comprenda los dos fenómenos de manera conjunta. Considerando lo anterior y adoptando una mirada desde las Relaciones Internacionales (RI), se pueden realizar algunas observaciones para contribuir mínimamente al debate sobre la GI.

Empezando por el argumento que presenta Mueller, vale considerar cómo influye la existencia de monopolios en el alineamiento entre Estados. Si tomamos el caso de China, podemos notar los siguientes puntos. Este Estado juega un rol clave impulsando internacionalmente normas aplicables al ciberespacio⁷, y posee asimismo grandes monopolios y oligopolios vinculados a la industria de telecomunicaciones. Actualmente, China Telecom, China Unicom, Huawei, Baidu, Alibaba y Tencent son fundamentales para expandir infraestructura, estándares y servicios digitales –por ejemplo, cables submarinos y la tecnología 5G– de acuerdo a intereses nacionales, en el marco del proyecto Belt & Road Initiative⁸. De esta manera, la separación de actores que hace Mueller en el fragmento citado supra pierde vigencia, ya que se puede argumentar que existe un alineamiento entre empresas chinas y el Estado –más allá de que otros países también formen alianzas con esta potencia. Asimismo, los propios usuarios, ante determinadas situaciones, pueden tomar una postura nacionalista y coincidir con las políticas e intereses de su gobierno⁹ .Como explica Mariana Mazzucato10, incluso en Estados Unidos existe un fuerte vínculo entre el Estado y proveedores de servicios de Internet.

Es importante resaltar que este alineamiento omitido por Mueller entre Estados y actores no-estatales también se puede dar, siguiendo a Drezner¹¹, mediante el proceso de “delegación” ante organismos internacionales. Este autor sostiene que “cuando los estados están en gran parte de acuerdo sobre los resultados regulatorios, las grandes potencias preferirán delegar la gestión del régimen a actores no-estatales, pero su influencia aún domina el resultado” (p. 479). Sin considerar este aporte, se podría entender que las aseveraciones de Mueller dan por sentado que allí donde no participa directamente un Estado, no están representados –voluntariamente– sus intereses.

En cuanto al análisis que realiza Tim Wu sobre los monopolios en el mercado estadounidense, incluyendo los casos de Facebook y Amazon, es oportuno problematizar cómo influye el avance de la rivalidad con China sobre la aplicación del derecho de la competencia. En este sentido, mi argumento es que la nueva competencia internacional modifica los incentivos nacionales que esta normativa intenta promover. Así, si bien sería razonable –en pro de la innovación y el surgimiento de nuevos competidores– “desarmar” algunas de las principales compañías estadounidenses, esta medida supondría una disminución en la competitividad internacional ante las grandes multinacionales chinas, centralizadas y con una fuerte vinculación con su Estado.

En base a este argumento, y considerando el vínculo de empresas estadounidenses con su gobierno, se puede preguntar: ¿La concentración de mercado facilita el ejercicio de delegación del Estado sobre sus empresas? Y, en caso de respuesta afirmativa, ¿se debe abandonar el ideal de libre mercado cuando los oligopolios contribuyen a prevalecer frente a una potencia emergente?

Estas preguntas cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta que la libertad es un principio fundamental a defender en la GI, y también una de las ventajas que Estados Unidos se adjudica en su enfrentamiento con China. Vale entonces preguntarse: ¿No es la elección de una plataforma una forma de expresarse? ¿No se ve menoscabada la libertad de expresión con la concentración de mercado? Como desarrolla Miguel Ángel Dobrich en este mismo blog, nuestras elecciones se ven limitadas incluso al interior de las plataformas.

La cercanía entre las Relaciones Internacionales y la Gobernanza de Internet

Considerando la centralidad del Estado para la disciplina, se puede sostener que, a mayor participación de este en la creación y enforcement de normas para el ciberespacio, se estrechan los vínculos entre las RI y la GI. En este sentido, y observando los aportes de Alana Lomónaco Busto para este blog, quisiera referirme a dos tecnologías que van a incrementar el rol del Estado en la GI. 

El Internet de las Cosas (IoT) y el 5G, al ser tecnologías que conectan y generan los sistemas “ciber-físicos”¹², se anclan directamente sobre la jurisdicción de los Estados. Las empresas encargadas del despliegue y funcionamiento de estas tecnologías –a diferencia de aquellas que operan sin presencia física en el país– son fácilmente alcanzadas por regulaciones estatales. Este vínculo se materializa con las compañías de telecomunicaciones, a las cuales, como explica Gonzalo Bustos, se les puede “pedir mayor cooperación en el enforcement de normas en general y en el control de contenidos” (para. 12). El Estado va a tener un rol mayor cuando se trate de un problema de seguridad que involucra a empresas bajo su jurisdicción. Con las dos tecnologías mencionadas, aumentan las posibilidades de que esto suceda. El interés por la seguridad y la soberanía en investigaciones recientes sobre el ciberespacio y las RI¹³, también contribuye al acercamiento entre estas áreas de estudio.

La disciplina de las RI, en tiempos de pandemia, cobra mayor protagonismo en el análisis de los vínculos entre diversos actores involucrados. La “diplomacia triangular”¹⁴, a la que refiere Susan Strange, debe ahora encontrar los equilibrios entre la privacidad de datos digitales, la salud, y la producción. Este es tan solo uno de tantos motivos por los cuales la Economía Política Internacional, en su particular relación con las RI¹⁵, también presenta herramientas conceptuales y teóricas para pensar nuestro accionar en un mundo que puede desacelerar, pero no desconectarse.

En conclusión, por más que este trabajo desarrolle posibles aportes al estudio de la Gobernanza de Internet desde las Relaciones Internacionales, es importante resaltar que este debate es necesariamente interdisciplinario. La propuesta intenta enfatizar, como lo hacen Haggart, Henne & Tusikov¹⁶, la necesidad de que diversas disciplinas –economía, sociología, comunicación, ciencia política e ingeniería– logren superar las barreras teórico-conceptuales que impiden el intercambio de ideas.  Desde el Sur Global, la tarea es aún más compleja, ya que se necesita la participación de académicos, empresas, sociedad civil y actores gubernamentales, no solo para entender qué sucede en nuestro entorno, sino para evaluar cómo nos afectan los conflictos que se generan entre las principales potencias globales. La meta no es que prime un enfoque sobre el resto, sino que cada uno encuentre su fuerte para analizar problemáticas que nos involucran a todos los usuarios de internet, incluso a quienes todavía no están conectados.